El valor jurídico de las “reglas” de la IBA en materia de arbitraje

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La principal fuente de los principios generales codificados es la del Comité de arbitraje de la International Bar Association, que se ha dado la tarea de emitir “reglas”, “principios” y “directrices” en relación con varios aspectos del arbitraje tal como el manejo de la pruebas o la resolución de los conflictos de intereses, formando así una soft law[1]. No existe una definición homogénea de esta última. Se trata de textos que establecen reglas que en principio no son obligatorias, pero que con el tiempo y por su uso adquieren una cierta “obligatoriedad”. Es así que todas las “reglas” de la IBA sólo se aplican si las partes lo han así pactado. Sin embargo, no es inusual ver tribunales arbitrales referirse a esas reglas no obstante que la partes no las han incluido en su acuerdo arbitral, porque constituyen con el tiempo principios generales aceptados por la comunidad arbitral:

In order to verify the independence of the arbitrators, the Parties may also refer to the IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration approved on May 22, 2004. Such guidelines admittedly have no statutory value; yet they are a precious instrument, capable of contributing to harmonization and unification of the standards applied in the field of international arbitration to dispose of conflict of interests and such an instrument should not fail to influence the practice of arbitral institutions and tribunals. The guidelines do not state any general principles. They contain an enumeration, in the format of non-exhaustive lists, of particular circumstances: a red list divided in two parts (situations in which there is a legitimate doubt as to the independence and impartiality, with the parties being unable to renounce the most serious of them); an orange list (intermediary situations which must be disclosed but do not necessarily justify removal); a green list (specific situations which do not create an objective conflict of interest and which the arbitrators are not bound to disclose). It goes without saying that notwithstanding the existence of such lists, the circumstances of the specific case will always remain decisive to dispose of the issue of a conflict of interest[2].

Como lo dijo un tribunal CCI:

 The UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts are a reliable source of international commercial law in international arbitration for they contain in essence a restatement of those “principes directeurs” that have enjoyed universal acceptance and, moreover, are at the heart of those most fundamental notions which have consistently been applied in arbitral practice[3].

Sin embargo, tal afirmación no dilucida la ambigüedad de las reglas IBA, como lo demuestra el asunto Noble. No obstante que el Tribunal consta que las partes no han pactado la aplicación de las Reglas IBA sobre la obtención de pruebas, y que por lo tanto no son tal cual aplicables, los árbitros consideran que sin embargo son aplicables como “indicaciones para los relevantes criterios”:

The “IBA Rules on the Taking of Evidence in International Commercial Arbitration,” though not directly applicable in this case and primarily provided for use in the field of commercial arbitrations, can be considered (particularly in Articles 3 and 9) as giving indications of what may be relevant criteria for what documents may be requested and ordered to be produced, in ICSID procedures between investors and host States[4].

La misma ambiguidad se encuentra en dos decisiones judiciales portugueses[5]. El Centro de arbitraje comercial de Lisboa ha incorporado en su reglamento el Código de Etica de la IBA, asi como sus Directrices sobre el conflicto de intereses. En la primera decisión sobre la recusación de un arbitro, el Tribunal administrativo consideró que las Directrices IBA sobre el conflicto de intereses sí son “relevantes”, pero a finales de cuenta no son nada más que ….directrices, y por lo tanto no son auto-aplicables[6]. En el segundo caso, también se rechazó la recusación sobre las Directrices porque no son parte “de la Ley portuguesa”; se trata de una “soft-law” que no es fuente de Derecho y no tiene que ser “importado” en el Derecho nacional, en particular que se trata de directrices basadas en “la tradición anglo-sajon”, y son extranjeros a las leyes de la Europa continental[7].

Para eliminar la ambigüedad del régimen legal de esos principios, una via es de considerar que las reglas de la IBA sólo pueden aplicarse a título de uso: quiere decir que existe una presunción contractual que las partes han entendido incluir esos principios en su acuerdo arbitral. Se trata de una presunción simple, y a las partes de demostrar in casu lo contrario[8].

Sin embargo, no escondemos nuestro deseo de que se ponga un freno a la “para-regulación” y su consecuente multiplicación de textos, guías, principios y reglas que sofocan al arbitraje, y matan, como ya lo había observado Michael Schneider[9], el pensamiento jurídico independiente de los árbitros y abogados. En lugar de permitir que el arbitraje sea más ágil, son las excusas de todas las mociones y objeciones y otros escritos para cambiar un procedimiento “alterno” en verdadero litigio. Cada una de las reglas/directrices de la IBA por ejemplo, puede dar a su propio mini-juicio, sin hablar que la multiplicación de las reglas elimina la flexibilidad del arbitraje, y su acceso a los abogados no expertos en arbitraje. Lo que se distinguió antes como un mecanismo no-regulado de solución de controversias, es hoy más una batalla procedural que una resolución sobre el fondo. Como dice Hodges:

The arbitration community at large (arbitrators, counsel, institutions), needs to keep watch against seeking to provide a solution for every imaginable “problem”. Corporate users will not thank us for such an approach, particularly if it starts to detract from the flexibility of arbitration and to over-complicate the arbitral process[10].

[1] La soft law está definida por os tribunales federales de la siguiente manera: “SOFT LAW”. LOS CRITERIOS Y DIRECTRICES DESARROLLADOS POR ÓRGANOS INTERNACIONALES ENCARGADOS DE LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES SON ÚTILES PARA QUE LOS ESTADOS, EN LO INDIVIDUAL, GUÍEN LA PRÁCTICA Y MEJORAMIENTO DE SUS INSTITUCIONES ENCARGADAS DE VIGILAR, PROMOVER Y GARANTIZAR EL APEGO IRRESTRICTO A LOS DERECHOS HUMANOS. De conformidad con el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su alcance protector en materia de derechos humanos, los agentes del Estado Mexicano no sólo deben observar la normativa internacional de carácter obligatorio y la jurisprudencia interamericana, sino que en virtud de las máximas de universalidad y progresividad que también contempla, debe admitirse el desarrollo de principios y prácticas del derecho internacional de carácter no vinculante previstos en instrumentos, declaraciones, proclamas, normas uniformes, directrices y recomendaciones aceptados por la mayoría de los Estados. Dichos principios son identificados por la doctrina como “soft law” -en inglés-, cuya traducción corresponde a ley suave, normas ligeras, dúctiles o blandas y es empleado dado (i) el sentido de falta de eficacia obligatoria y (ii) en oposición al “hard law” o derecho duro o positivo. Ahora bien, con independencia de la obligatoriedad que revistan, su contenido puede ser útil para que los Estados, en lo individual, guíen la práctica y mejoramiento de sus instituciones encargadas de vigilar, promover y garantizar el apego irrestricto a los derechos humanos. Sin que ello implique desconocer la observancia primigenia del orden jurídico nacional, ni el principio de subsidiariedad de las normas supranacionales, según el cual, la protección internacional de los derechos humanos es aplicable después de agotada la tutela interna y, sólo en su defecto, debe acudirse a aquélla, pues más allá de que la Constitución Federal y los tratados no se relacionen en términos jerárquicos, según definió el Máximo Tribunal del País en la jurisprudencia P./J. 20/2014 (10a.)(*), la consulta de directrices no vinculantes sólo reporta efectos prácticos derivados de la experiencia acogida por órganos internacionales encargados de la promoción y protección de los derechos fundamentales. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. Amparo en revisión 215/2014. 16 de octubre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Livia Lizbeth Larumbe Radilla. Secretario: José Francisco Aguilar Ballesteros.

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[2] 4A_506/2007, 20/03/2008.

[3]  ICC Award # 9797, 28/07/2000.

[4]Noble Ventures, Inc. v. Romania, ICSID, Procedural Order No. 1, 03/06/2003 (Böckstiegel; Lever, Dupuy).

[5] Véase: Duarte, Again the “Incorporation” of the IBA Guidelines into a Code of Ethics: an “Investment in Virtue”?, Kluwer Arbitration Blog, 19/05/2017.

[6] Decisión del 30/08/2016, citada por Duarte, op.cit.

[7] Decisión del  16/02/ 2017, citada por Duarte, op.cit.

[8] Para un análisis más profundizada, véase: Pereznieto & Graham, Tratado de Arbitraje Comercial Internacional Mexicano, 2da ed., Limosa, 2013, #465 sq.

[9] Schneider, The Essential Guidelines for the Preparation of Guidelines, Directives, Notes, Protocols and other Methods intented to help International Arbitration Practitioners to avoid the need for Independant Thinking and to promote the Transformation of Errors into “Best Practices”, Mélanges Lazareff, Pedone, 2011.563.

[10] Hodges, The Proliferation of “Soft Laws” in International Arbitration: Time to Draw the Line?, Austrian Yearbook on International Arbitration, 2015.205, 229.

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