El principio del Iura novit curia y el Código de comercio

(Extracto de Manual de Derecho internacional privado, 2016: iTunes; google play)

 

La postura de los tribunales a poner la carga de la prueba del Derecho extranjero a cargo de las partes, y por lo tanto imponerles la obligación de la invocación de la regla de conflicto, es nada más que un intento de escapar a las eventuales dificultades de conocer materialmente el Derecho extranjero[1]. Lo mismo puede concluirse en relación con el artículo 1197 del Código de Comercio. Sin embargo, el propio artículo 86 bis del Código Federal de Procedimientos Civiles prevé que “para informarse del texto, vigencia, sentido y alcance del Derecho extranjero, el tribunal podrá valerse de informes oficiales al respecto, los que podrá solicitar al Servicio Exterior Mexicano”; sin mencionar la existencia de varias convenciones internacionales, tal como la Convención Interamericana sobre Prueba e Información acerca del Derecho Extranjero ratificada por México.

La dificultad de conocer el Derecho extranjero, no exonera al juez de cumplir con los mandamientos del legislador que expresamente ordena la aplicación del Derecho extranjero en las hipótesis previstas. Lo anterior, en realidad, no está directamente ligado con el hecho que el juez tiene que aplicar de oficio las reglas jurídicas mexicanas, incluyendo las reglas de conflicto.

Prueba es, que en materia mercantil, el artículo 86bis del Código Federal de Procedimientos Civiles ordena al juez aplicar la regla de conflicto, y eventualmente el Derecho extranjero, si la regla de conflicto lo designa, y es sólo en esta última fase que el artículo 1197 del Código de Comercio encuentra su aplicación, obligando a las partes a comprobar su contenido.

Cualquier otra interpretación del artículo 1197 del Código de Comercio sería inconstitucional, visto que implicaría por un lado una discriminación injustificada entre las reglas jurídicas mexicanas; y por otro lado, además, constituiría una violación al artículo 133 de la Magna Carta cuando se trate de reglas de conflicto de origen convencional.

En efecto, es como explicar la diferencia de situaciones en el siguiente caso. Viene un porteador a reclamar ante un tribunal mexicano que por negligencia del cargador no se verificó el viaje. Explicando en su demanda los hechos, sin citar ningún precepto jurídico, el juez, de oficio, le aplicará el artículo 591 del Código Mercantil y le atribuirá la mitad del porte convenido. Como se desprende, no era necesario que el porteador supiera que existía el artículo 591 del Código de Comercio. Retomando la misma hipótesis, pero suponiendo que se trata de un contrato mercantil internacional de transporte terrestre que tiene los vínculos más estrechos con otro Estado, y que la legislación de este Estado prevé como indemnización, no la mitad del porte convenido sino la totalidad. Ahora bien, si el juez no tiene la obligación de aplicar ex officio la regla de conflicto en materia de contratos internacionales de transporte terrestre, y el porteador no conoce la existencia de tal regla de conflicto, no se le atribuirá la totalidad del porte convenido, sino sólo la mitad como previsto en la legislación mexicana. Sin embargo, ¡el legislador ha previsto que la regla de conflicto se aplica! ¿Por qué entonces en el primer caso el porteador tiene la protección del Derecho mexicano, y en el segundo no la tiene, no obstante que en ambos casos existen reglas jurídicas votadas por el Congreso, incorporadas en el mismo Código de Comercio?

Ahora bien, si la regla de conflicto es de naturaleza convencional, quiere decir que tiene su origen en un tratado internacional, el juez al no aplicarla, está violando la Ley Suprema de la Nación establecida por el artículo 133 constitucional; y, por vía de consecuencia, México está violando el Derecho internacional público al no respetar el Pacta Sunt Servanda. Recordamos que, al origen del fallo Boll[2] de la Corte Internacional de Justicia, Suecia no aplicó una regla de conflicto convencional y fue condenado por este hecho.

Uno de los argumentos del Ministro Ponente Sergio Salvador Aguirre, que dio pauta a la ya famosa e histórica tesis “Mc. Cain México”[3], consistió en afirmar que:

la aplicación y cumplimiento de los tratados internacionales de los que México sea parte no pueden quedar supeditas a lo que dispongan las leyes ordinarias, sean generales, federales o locales, pues ello implicaría que el Estado mexicano incumpla las obligaciones libre y soberanamente contraídas frente a otro Estado o Estados, obstaculizándose además el propósito o propósitos para los cuales el tratado específico hubiere sido celebrado.

Tal es, por ejemplo, la hipótesis en materia contractual donde se debe aplicar las reglas de conflicto de la Convención Interamericana sobre Derecho aplicable a los Contratos Internacionales. En su Preámbulo, el mencionado instrumento prevé que:

Reafirmando su voluntad de continuar el desarrollo progresivo y la codificación del Derecho internacional privado entre Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos;

Reiterando la conveniencia de armonizar las soluciones de las cuestiones relativas al comercio internacional;

Considerando que la interdependencia económica de los Estados ha propiciado la integración regional y continental, y que para estimular este proceso es necesario facilitar la contratación internacional removiendo las diferencias que presenta su marco jurídico.

Como se desprende de los considerandos citados, el Convenio internacional tiene objetivos bien precisos, que no podrían realizarse, si la aplicación de las reglas de conflicto se quedara a la libre disposición de las partes, de invocarlas o no, tal como les convendría. Al contrario, para poder cumplir con los propósitos de la Convención Interamericana, sus reglas de conflicto deben tener carácter de orden público y ser aplicadas de oficio por los tribunales mexicanos.

Lo mismo resulta del artículo primero de la Convención que con el uso del indicativo “determina”, de manera imperativa establece:

Esta Convención determina el Derecho aplicable a los contratos internacionales.

Si se considerara que las reglas de conflicto no son de orden público, la consecuencia sería que dependería exclusivamente del litigante “avisado” la invocación de un Derecho extranjero más favorable. No sólo estaríamos en presencia de una violación de los tratados internacionales, sino también tendría por resultado una inegualdad procesal flagrante.

Es obvio que en la práctica, muchas veces los litigios se ganan porque una parte tiene mejor asesoría que otra, pero eso no cambia nada conceptualmente: ambas partes tienen, al menos legalmente, la misma protección; porque justamente el tribunal aplica todas las normas aplicables, inclusivo aquellas no invocadas. Hacer lo contrario sería violatorio de las garantías constitucionales.

En conclusión, si el estudio de los hechos demuestra que existen elementos de extraneidad que conducen a la aplicación de una o varias reglas de conflicto. El juzgador tiene la obligación de aplicarlas de oficio visto que se trata de presupuestos procesales, los cuales, si son ignorados, impiden estudiar el fondo del negocio, y así resultaría que independientemente del nombre que se le dé a esas deficiencias, se ignoren requisitos necesarios para que pueda tramitarse con eficiencia jurídica un proceso judicial.

 

***

[1] Ordiozola Mariscal , El principio iura novit curia en México: hacia un Instituto Federal de Especialistas en Derecho Internacional Privado y Comparado, Liber amicorum Cruz Miramontes, IIJ-UNAM, 2008.97.

[2]Países Bajos vs Suecia, 1958.

[3] Amparo en revisión 120/2002. Mc. Cain México, S.A. de C.V.. 13 de febrero de 2007.