Negación del forum legis

La teoría del forum legis consiste a considerar que un tribunal puede sólo tener conocimiento de un asunto internacional si su propia ley se aplica. En otras palabras, se verifica primero cuál ley se aplica, y si es la lex fori que se aplica, entonces los tribunales son competentes de conocer del asunto. El método prevalece especialmente en materia penal (aunque en nuestra opinión tal postura es falsa, porque no existe argumento alguno para no poder aplicar una ley extranjera)(Graham, Manuel de Derecho internacional Privado, iBooks; google)

Se puede mencionar como “mal ejemplo” la siguiente tesis:

NULIDAD DE CONTRATO DE MATRIMONIO, CELEBRADO EN PAIS EXTRANJERO. IMPROCEDENCIA DE SU RECLAMO. El artículo 12 del Código Civil, alude a la aplicación de las leyes del Estado de México, respecto de todos sus habitantes, cualquiera que sea su nacionalidad, estén domiciliados en él, o sean transeúntes, empero, este dispositivo, debe interpretarse, relacionándolo con los demás numerales contenidos en las llamadas “disposiciones preliminares” del ordenamiento en cita, vinculados con los actos celebrados fuera de la entidad, pero que sus efectos deban realizarse dentro de su territorio. El precepto 12 en cita, encuentra íntimo nexo, con el numeral 13, en cuanto a que las leyes vigentes en el Estado, son de aplicación a todos sus habitantes, abarcando como se expresó, los efectos jurídicos de los actos y contratos celebrados fuera de la entidad, pero que deben realizarse dentro de su territorio, como son entre otros, el pago de una pensión alimenticia. Por otro lado, en cuanto a la nulidad del contrato de matrimonio, celebrado bajo las leyes de un país extranjero, la autoridad judicial del Estado de México carece de facultades para juzgar su legalidad; en cuyas condiciones, debe estarse a lo dispuesto en el artículo 15 del Código Civil del Estado, el cual literalmente dice: “Los actos jurídicos, en todo lo relativo a su forma se regirán por las leyes del lugar donde se celebren. Sin embargo, los interesados, en la celebración de esos actos quedan en libertad para sujetarse a las formas prescritas por este Código, cuando el acto haya de ejecutarse dentro del territorio del Estado.” En consecuencia, si un tribunal de esta entidad, resuelve la nulidad de matrimonio celebrado en un país extranjero, transgrede su soberanía, porque ese acto se sujetó a las leyes del mismo. Cuanto más, que el aludido artículo 15, es explícitamente unilateral, lo cual significa, en forma implícita, el respeto que debe darse a la soberanía de las entidades, en las cuales no tiene aplicación la ley de otro país. En cuyas condiciones, en tratándose de actos celebrados fuera del Estado, sólo son aplicables las leyes de la entidad, cuando se trata de sus efectos jurídicos.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL SEGUNDO CIRCUITO. Amparo directo 811/95 TMX231.465. María Soledad Arteaga Lechuga. 5 de enero de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Narváez Barker. Secretario: Isaac Gerardo Mora Montero.

El razonamiento del juzgador es erróneo. En efecto, la competencia jurisdiccional no depende de la ley aplicable. Las reglas de jurisdicción son reglas unilaterales: o el tribunal es competente según su código procesal; o el juez no es competente.

Es sólo si una vez que se establecida la competencia, que el juez puede examinar sus reglas de conflicto y consecuentemente aplicar o la ley extranjera o la ley mexicana. Y el carácter unilateral o no de la regla de designación no cambia nada. En la mencionada tesis, el artículo 15 no es unilateral y el juez hubiera tenido que aplicar la ley extranjera para pronunciar o no la nulidad del matrimonio, tal como lo hizo el siguiente tribunal federal:

NULIDAD Y EXISTENCIA DEL ACTO JURÍDICO. DEBE ANALIZARSE CONFORME A LAS LEYES DEL LUGAR EN QUE SE CELEBRÓ, AUNQUE OPERE PRÓRROGA DE JURISDICCIÓN. El artículo 121, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que las leyes de un Estado sólo tienen efectos en su propio territorio, por lo que cuando hay prórroga de jurisdicción de un Estado a otro, el Juez que resulte competente no podrá aplicar las leyes de su territorio para que surtan efectos en el ajeno. Por tanto, prevalece la facultad para aplicar las leyes a cuyo amparo nació el acto jurídico aunque por alguna circunstancia se surta la competencia para conocer del asunto a favor de un Juez de diverso lugar. De modo que el Juez puede acudir a la legislación de otra entidad en la que se celebró el acto jurídico que dio origen al conflicto, para establecer si dicho acto reúne los elementos de existencia y validez que exigen las leyes del lugar en que se realizó, porque solamente de esa forma podrá determinarse si surte efectos o no en el Estado en que se ventiló el juicio.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO. Amparo directo 445/2002 TMX235.357. Felipe Rojas Pinedo, su sucesión. 21 de agosto de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Carlos Ortega Castro. Secretario: Jorge Luis Mejía Perea.

 

Ahora bien, por una tesis de 2016 de la SCJN, se confunde reglas de jurisdicción y reglas legislativas para llegar a la conclusión que ya no existe un DIPr entre las entidades federativas. La Corte enuncia que “pues la competencia de los órganos judiciales no puede modificarse ni ampliarse por acuerdo expreso o tácito de las partes, es decir, sólo puede prorrogarse por la existencia de una norma que así lo determine”, y por lo tanto “lo que se traduce en que el juez competente, al resolver una controversia judicial, debe hacerlo, generalmente, conforme al derecho vigente y aplicable en su ámbito jurisdiccional”, porque “el artículo 121 de la Constitución Federal prevé una prohibición de extraterritorialidad de las normas expedidas en una entidad federativa respecto de otra, lo que se traduce en que la legislación de un Estado sólo tiene obligatoriedad en su territorio, en atención a que cada entidad federativa legisla para su propio ámbito territorial y no para uno diverso”.

Una cosa es que el juez para determinar su competencia siempre aplica la lex fori; otra cosa es pretender que sobre el fondo también siempre tiene que aplicar la lex fori. Por lo tanto, se elimina de jure el Derecho internacional privado entre las entidades federativas: “pues resulta absurdo obligar al juez competente a aplicar una legislación que desconoce. Así, esta Primera Sala determina que, por regla general, el juez competente debe aplicar la ley de su jurisdicción y no otra”. No es “absurdo” aplicar otra ley que la suya, visto que es la piedra angular del Derecho internacional privado. No se trata de facilitar el trabajo del juez, sino ver cuál es el mejor Derecho aplicable para ciertas situaciones.

Afortunadamente, la Primera Sala se dio cuenta de su error. Ahora dos nuevas tesis,afirman que sí el Derecho internacional privado existe entre las entidades federativas, y que las partes, en aplicación del principio de la autonomía de la voluntad pueden en su contrato elegir la Ley de una entidad federativa si así les conviene, a condición que la designación no va en contra del orden público, como por ejemplo todo la materia de las obligaciones familiares, o que no constituye en fraude a la Ley. Aplaudimos las decisiones!

PRÓRROGA DE JURISDICCIÓN. POR REGLA GENERAL, EL JUEZ COMPETENTE, AL RESOLVER UNA CONTROVERSIA JUDICIAL, DEBE APLICAR LA LEY DE SU JURISDICCIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 121 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS).

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el artículo citado debe interpretarse en el sentido de que en sus cuatro fracciones establece una regla para el Estado Federal respecto de la manera en que las entidades federativas, en el ámbito de sus competencias, se relacionan entre sí, articulando sus órdenes jurídicos para la solución de los conflictos que en ellas se susciten; ello, en la lógica de que tanto las leyes como el derecho creado por cada entidad federativa deben aplicarse y producir sus efectos en la propia entidad, lo que se traduce en que el juez competente, al resolver una controversia judicial, debe hacerlo, generalmente, conforme al derecho vigente y aplicable en su ámbito jurisdiccional, pues la competencia de los órganos judiciales no puede modificarse ni ampliarse por acuerdo expreso o tácito de las partes, es decir, sólo puede prorrogarse por la existencia de una norma que así lo determine. Por tanto, el artículo 121 de la Constitución Federal prevé una prohibición de extraterritorialidad de las normas expedidas en una entidad federativa respecto de otra, lo que se traduce en que la legislación de un Estado sólo tiene obligatoriedad en su territorio, en atención a que cada entidad federativa legisla para su propio ámbito territorial y no para uno diverso. De ahí que dicho precepto constitucional no establece una regla de competencia judicial, sino que reconoce las reglas generales de colaboración entre entidades federativas. Reglas competenciales que no siempre determinan las leyes sustantivas que serán aplicables al caso, pues si bien sí determinan jurisdicción por territorio, dependerá de la litis en concreto la competencia material que se actualice en cada caso. Esto es, si no existe una cuestión extraordinaria que justifique un conflicto entre la competencia del juzgador y la normatividad sustantiva, no ha lugar a dicha división, pues resulta absurdo obligar al juez competente a aplicar una legislación que desconoce. Así, esta Primera Sala determina que, por regla general, el juez competente debe aplicar la ley de su jurisdicción y no otra.

Amparo directo en revisión 1819/2015. Antonia Adorno de la Cruz, por su propio derecho y en su carácter de albacea de la sucesión a bienes de Wilfrido Bustamante Montejo. 30 de septiembre de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Cecilia Armengol Alonso. 

NULIDAD DE CONTRATO. NO BASTA PARA DECRETARLA EL MERO SOMETIMIENTO DE LAS PARTES A UNA LEY NO APLICABLE CONFORME A LAS BASES CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 121 CONSTITUCIONAL. El artículo 121 constitucional prevé la cláusula de la entera fe y crédito que debe darse en cada Estado de la Federación a los actos públicos, registros y procedimientos judiciales de todos los otros; así como las bases a las cuales debe ajustarse el Congreso de la Unión para prescribir en leyes generales la manera de probar tales actos, registros y procedimientos, las cuales constituyen reglas para la determinación de la ley aplicable, por la existencia de los llamados conflictos normativos entre las leyes de las distintas Entidades Federativas. Considerando lo anterior, no existe impedimento para que en un contrato privado, donde por alguna razón pueda haber un punto de conexión o concurrencia en la aplicación de leyes de diferentes Estados, las partes contratantes se sometan expresa o implícitamente a alguna de ellas, siempre y cuando, al hacerlo, no se traspase cualquiera de los límites impuestos a la autonomía de la voluntad, es decir, no se contravengan disposiciones de orden público, como las relativas a alimentos, capacidad o estado civil de las personas, entre otras; ni perjudiquen derechos de tercero o incurran en fraude a la ley; todo lo cual supondría diferencia normativa entre el régimen jurídico elegido y los otros. De suerte que la sola referencia que se haga en el contrato a las disposiciones de cierta ley que conforme a las citadas bases constitucionales pudiera estimarse inaplicable, es insuficiente por sí sola para afectar la validez de las estipulaciones de ese acuerdo de voluntades, máxime cuando no exista diferencia en el régimen jurídico de la ley a la cual se sometieron las partes, con aquella que se considera aplicable según las citadas bases constitucionales.

Esta tesis se publicó el viernes 22 de abril de 2016 a las 10:22 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

NULIDAD DE CONTRATO. CONDICIONES NECESARIAS PARA QUE EL PACTO DE SUMISIÓN A CIERTA LEY CONDUZCA A SU INVALIDEZ POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 121 CONSTITUCIONAL. Las bases contenidas en las cinco fracciones del artículo 121 constitucional constituyen reglas o criterios de solución de conflictos normativos entre leyes de diferentes Estados de la República y, por tanto, sirven para determinar la ley aplicable a los actos públicos, registros y procedimientos de cada una de tales Entidades; de manera equivalente a las reglas del Derecho Internacional Privado en lo relacionado con el llamado “conflicto de leyes”. En dichas reglas se ha admitido la posibilidad de que por la autonomía de la voluntad, las partes elijan o determinen la ley que ha de regirlos cuando por alguna razón exista alguna conexión o concurrencia entre diversas leyes, por lo cual debe considerarse admisible la sumisión de las partes a cierta ley en casos de conflictos normativos entre leyes de distintas Entidades Federativas, siempre y cuando no se traspasen los límites de la libertad contractual, es decir, no se prive de derechos o se libere de obligaciones irrenunciables por su carácter de orden público, como sucede con el derecho de alimentos, las normas de protección a los menores de edad, entre otros, o que lleven a desconocer la capacidad o el estado civil de las personas. Asimismo, tampoco debe conducir a perjudicar los derechos de un tercero o a incurrir en un fraude a la ley, es decir, a que al seguir las disposiciones de cierta ley, se burle o evada el derecho que tenga un tercero al amparo de la ley renunciada, o bien, se dé la apariencia de legalidad a un acto ilícito o no permitido por el Derecho que originalmente obliga a la persona. En esa medida, el pacto de sumisión a la ley de cierta Entidad Federativa constituye una violación al artículo 121 constitucional que conduce a su invalidez cuando concurran las siguientes condiciones: a) que haya un conflicto normativo; b) que se elija una de las normas en pugna; c) que la aplicación de la ley elegida tuviera como resultado la renuncia de derechos que no deben serlo por su carácter de orden público, o que llevara al fraude a la ley o a perjudicar derechos de tercero.

Tesis: 1a. LXXVII/2017 (10a.) Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2014692 51 de 56 Primera Sala Publicación: viernes 07 de julio de 2017 10:14 h Tesis Aislada (Constitucional)

 

Artículo 121 constitucional 

 En cada Estado de la Federación se dará entera fe y crédito de los actos públicos, registros y procedimientos judiciales de todos los otros. El Congreso de la Unión, por medio de leyes generales, prescribirá la manera de probar dichos actos, registros y procedimientos, y el efecto de ellos, sujetándose a las bases siguientes: 

I.- Las leyes de un Estado sólo tendrán efecto en su propio territorio, y, por consiguiente, no podrán ser obligatorias fuera de él.    

II.- Los bienes muebles e inmuebles se regirán por la ley del lugar de su ubicación.                   

III.- Las sentencias pronunciadas por los tribunales de un Estado sobre derechos reales o bienes inmuebles ubicados en otro Estado, sólo tendrán fuerza ejecutoria en éste, cuando así lo dispongan sus propias leyes.        

Las sentencias sobre derechos personales sólo serán ejecutadas en otro Estado, cuando la persona condenada se haya sometido expresamente o por razón de domicilio, a la justicia que las pronunció, y siempre que haya sido citada personalmente para ocurrir al juicio.    

IV.- Los actos del estado civil ajustados a las leyes de un Estado, tendrán validez en los otros.               

V.- Los títulos profesionales expedidos por las autoridades de un Estado, con sujeción a sus leyes, serás (sic) respetados en los otros.