TASA DE USURA

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3CT ha de nuevo presentado una solicitud de amparo contra la omisión del legislador federal de fijar la tasa de usura en México. 

Sabemos que el Código penal federal prohíbe la usura en su artículo 387 fracción VII, mas no define la tasa. Ahora bien, desde unos años, los tribunales federales han considerado que varias tasas son contrarias a los derechos humanos, en consideración del artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos por la explotación del hombre por el hombre. Sin embargo, no han tampoco definido la tasa de usura.

Ahora bien, en todos los países occidentales, hay una tasa fija, que periódicamente está revisada. En Francia, por ejemplo, por Ley, es el Banco central que cada trimestre determina la tasa usura, y la publica en el Diario Oficial. En Italia, es el legislador que determina cada trimestre esta tasa, fijada como aquella que supera del 50% la tasa promedio aplicada por los bancos. En Alemania, son los tribunales que la fijan, con la instrucción precisa, que es la misma que en Italia, que es tasa usura la que supera del 50% la tasa promedio aplicada por los bancos.

Todos los amparos que hemos presentados el año pasado fueron desechados por tecnicismos en relación con el principio de la relatividad de las sentencias de amparo. Lo que es sólo una excusa para no pronunciarse, visto que nuestra solicitud de amparo va directamente contra los intereses de los bancos. En efecto, la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal en el Amparo en Revisión 1359/2015 decretó: 

el principio de relatividad de las sentencias no puede ser interpretado de forma restrictiva, pues de lo contrario resultaría violatorio del artículo 17 de la Constitución, en relación con el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues interpretado de la forma en que lo hizo el juez de distrito se erige como un obstáculo para el acceso a la justicia y viola el derecho a un recurso judicial efectivo. En todo caso, no serían los efectos de la sentencia de amparo lo que generaría efectos generales, sino la norma constitucional que obligó al constituyente a expedir la ley reglamentaria, por lo que la emisión de la ley no emanaría de una decisión judicial, sino de una obligación impuesta por el propio legislador. Así, es falso que el principio de relatividad de las sentencias impida la tramitación y resolución de los juicios de amparo promovidos en contra de omisiones legislativas.

Veremos si procede o no nuestra nueva acción, la cual está promovido en el interés de nuestros clientes y de manera general para la profesión de abogado, visto que ni uno ni el otro tienen una seguridad jurídica cada vez que pactan un contrato que contiene una tasa de interés.

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